Vidas robadas

2012, cuando nos dimos cuenta de que la Justicia no iba a colaborar

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¿Cuántas pruebas necesita la justicia?

Noto desilusión y hasta crispación en el colectivo de víctimas por el robo de bebés. Los pocos casos judicializados no prosperan, como el de Felisa Tomico, cuya denuncia ha sido archivada por segunda vez por no encontrar el juez alguna persona a la que imputar la presunta desaparición de su recién nacido, en 1978. Cómo la va a encontrar si no ha interrogado a nadie: ni al médico que atendió el parto, ni a la matrona, ni a las enfermeras, ni a la monja que regía la maternidad… La justicia no sabe por dónde tirar o no quiere tirar de la manta en el escándalo de los niños robados.

Alberto Ruiz Gallardón,  ministro de Justicia,  se ha comprometido con las asociaciones de niños robados a potenciar  la colaboración con los afectados. El ministro anunció hace poco la creación de un servicio de orientación para las víctimas y una primera validación gratuita de las muestras genéticas por parte del Instituto Nacional de Toxicología. Poca cosa, desde luego. Pero, si además tenemos en cuenta ejemplos tan rotundos como el de Eduardo Raya en cuanto a la eficacia de Toxicología en muchos casos de niños robados el anuncio de Gallardón provoca cuanto menos un escalofrío. Eduardo Raya, uno de los afectados más representativos del colectivo, dice esto respecto al ofrecimiento de Gallardón: “Que el gobierno controle las pruebas de ADN de las víctimas del robo de niños es como estar en la boca del lobo. Ojo, yo prefiero la independencia”.

Eduardo Raya fue el primero en denunciar en España la desaparición de su bebé nada más nacer, en el Hospital Clínico de Granada, en 1990. Lo hizo en 2010 y ya  lleva dos archivos.  Es quizá el afectado que más pruebas ha podido obtener de esa desaparición.  Además, el caso de Raya ejemplariza, por desgracia, hasta qué punto la justicia española está desprotegiendo a las víctimas del robo de recién nacidos y hasta omitiendo su principal función: la  investigación de los delitos.

Eduardo Raya es un abogado granadino con una paciencia a prueba de bomba. Si no fuera así  o se habría vuelto loco hace tiempo o habría hecho una locura, sin duda. Le ayuda en su calvario una estupenda mujer: su esposa, Gloria.

Eduardo y Gloria son padres de una niña robada. De ello no hay ninguna duda; que su bebé desapareció nada más nacer es una verdad irrefutable para cualquiera que se moleste en estudiar las pruebas con las que cuentan estos padres. Pero sorprendentemente la jueza que les tocó en suerte ha archivado la causa por la desaparición de la hija de este matrimonio granadino sin entrar en el fondo de la cuestión y sin explicar cómo es posible que Eduardo Raya aportara dos informes periciales que aseguran que no pertenecen a su hija los restos del cuerpo enterrado en 1990 y ella se haya conformado con la versión del Instituto Nacional de Toxicología que afirmó que los restos estaban en tan mal estado que era imposible encontrar en ellos ADN.

Desde que la causa fue archivada, el verano pasado, Eduardo y Gloria han atesorado más pruebas de que la niña a la que dieron por suya en el hospital y que falleció a los pocos días de nacer no es su hija. “¿Quién era esa niña?”. Esa pregunta angustiosa, sin respuesta aún, desvela a Eduardo y a Gloria de la misma manera que esta otra: “¿Dónde está nuestra hija?”

En el caso de Eduardo Raya existen dos tipos de restos que han sido analizados: los restos exhumados a los que la familia Raya dio sepultura en 1990 y unos restos que aportó el Hospital Clínico de Granada cuando la denuncia de la familia se investigaba en el juzgado, en 2010. Los responsables del centro afirmaron que se trataba de restos del hígado de la hija de los Raya, conservados desde 1990. Curioso.

Sobre los restos óseos, ya he hablado de dos informes de ADN que la familia aportó y que negaban que perteneciera a una hija suya. Los laboratorios que analizaron los restos fueron Tecnogen y Genómica. El Instituto Nacional de Toxicología también los analizó, pero afirmó que los restos se encontraban en tan mal estado que   “dichos restos no son adecuados para realizar un análisis de compatibilidad con sus posibles padres biológicos”.

Posteriormente, el laboratorio LabGenetics analizó los cabellos encontrados en la tumba de la supuesta hija de los Raya y aseguró que “los cabellos analizados no pertenecen a ningún hijo/a biológico/a de Gloria Rodríguez ni a ningún otro pariente por vía materna, con un 100 por cien de probabilidad”. Este laboratorio no analizó la totalidad de los restos exhumados, sino la misma porción que estudió Toxicología y en este caso se afirmó que no era posible encontrar ADN nuclear ni mitocondrial. También resulta curioso.

El Laboratorio NBT  analizó  también los restos exhumados con idéntico resultado que los otros tres laboratorios anteriores.

Respecto a las muestras de hígado aportadas por el hospital como pertenecientes a la hija de los Raya, fallecida en 1990, el doctor Bruguera, un prestigioso especialista en anatomía patológica del Hospital Clínico de Barcelona, un centro público, los analizó y dijo lo siguiente: “No es posible determinar la edad del paciente en base al tejido. Únicamente puede afirmarse que ni se trata de un hígado fetal o de recién nacido de muy pocos días”. Llegados a este punto de la historia, reconozco que con todas estas pruebas en las manos siento verdadero terror.

Ante esta prueba categórica, la juez ordenó al Instituto de Toxicología de Sevilla que analizara los restos del hígado y he aquí su resultado: “Hígado compatible con el hígado de un niño con un síndrome de hepatitis neonatal”.  ¿Un niño es lo mismo que un neonato? ¿Por qué no contestó Toxicología a la pregunta que le había hecho la juez sobre  si ese hígado correspondía a un recién nacido? Sea como fuera, ese informe dio lugar al sobreseimiento libre de las actuaciones. ¿Por qué se le restó credibilidad al informe de un patólogo de un hospital público? ¿Por qué ha de servir únicamente lo que determina el Instituto Nacional de Toxicología? No quiero acordarme del desgraciado resultado de los análisis acometidos por este organismo en el caso de Ruth y José Bretón…

Eduardo Raya no se rindió. Los laboratorios Labgenetics analizaron esas muestras de hígado: “El perfil genético obtenido del bloque de parafina no es compatible con los perfiles genéticos de Eduardo Raya y Gloria Rodríguez, por lo que la donante del tejido en parafina no se corresponde con una hija biológica”.

Seis informes definitivos, pero la justicia sigue sorda y ciega en el caso de la familia Raya, que ha recurrido el auto de sobreseimiento. También ha llevado su caso ante el Parlamento Europeo. “Nos gustaría que el Parlamento Europeo se pronunciara sobre la manera que tiene el sistema judicial español de investigar estos dramáticos hechos ocurridos en España e impartir justicia”, dice Eduardo. Mucho me temo que si finalmente hay reprimenda de Europa,  nuestros políticos y nuestros jueces volverán a hacer oídos sordos.

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Vidas robadas

Niños robados: cuestión de Estado

Otro artículo que recupero para este blog sobre Niños Robados. Hace seis años ya pensaba en lo difícil que sería que el robo de bebés figurara en la agenda del Gobierno o entre las principales cuestiones políticas y sociales del país. Qué lástima.

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Manifestación de S.O.S. Bebés Robados-Madrid

Si en lugar de en España, el escándalo por los niños robados se estuviera viviendo en Francia, Alemania o Reino Unido, la cosa cambiaría radicalmente. No me cabe la menor duda de que el gobierno de Sarkozy –o el previsible nuevo gabinete de Hollande–cogería las riendas del caballo desbocado antes de que le atizase una buena coz. Y Merkel vendería al mismísimo Ratzinger con tal de demostrar una vez más su acerada determinación de arreglar el mundo a su manera; y seguro que recortaría burocracia inútil para que la investigación fuera la más rápido posible.

Pero en España el tráfico de recién nacidos entre 1950 y 1990 –¡cuarenta años!– no es una cuestión de Estado. Además sólo se convierte en noticia cuando un juez decide imputar a una monja octogenaria por un presunto delito de detención ilegal de un bebé hace 30 años, o cuando se produce el encuentro de una madre con su hijo, al que dieron por muerto en la maternidad pero que, en realidad, fue vendido a plazos a un matrimonio que no podía procrear.

Sin embargo, este escándalo tendría que generar noticias a diario, que forzaran a los gobernantes a actuar. Razones sobran:  los centenares de denuncias de afectados y los dramas que vive la mayoría de los que fueron dados en adopción irregular por intermediación de sor María o de cualquier otra monja, médico o cura.Esas personas descubren recién alcanzada la adultez no sólo que no son hijos biológicos de los que creían sus padres, sino que estos pagaron por ellos y no pueden demostrar de ninguna manera que sus madres reales renunciaran voluntariamente a sus criaturas. Es decir, existen indicios de que esas personas pudieron ser niños robados.  Muchos de ellos, al enterarse, rompen con sus  falsos progenitores; por el contrario, otros cuentan con su ayuda en la desesperada búsqueda  de sus orígenes. Algunos no saben ni dónde ni cuándo nacieron.

Mientras esto ocurre, el gobierno de la Nación calla; el de ahora y el de antes. La orden del fiscal general del Estado para que las fiscalías de toda España investiguen estos casos se ha quedado en agua de borrajas. La inmensa mayoría de las denuncias han sido archivadas con excusas peregrinas, como la imposibilidad de hallar unos archivos de un centro clausurado, sin más explicaciones. Los afectados no pueden acceder a ningún archivo de la administración ni de las clínicas privadas y públicas, pero la justicia sí. La mayoría de las resoluciones de archivo de la Fiscalía Provincial de Madrid, por ejemplo, que he podido ver destilan hastío y despreocupación.

¿Niños robados: cuestión de Estado? En España parece que jamás lo será.

Vidas robadas

¿Qué ocultaba el canciller?

Este artículo fue publicado en mi blog de la revista Interviu (La otra versión) el 8 de febrero de 2012, hace seis años ya. Lo recupero para este blog, puesto que el de la revista será clausurado en breve. Tened en cuenta la fecha en la que está publicado. Seis años después seguimos con la misma incertidumbre e idéntica falta de colaboración por parte de la Iglesia y de la Justicia para con las víctimas del robo de bebés. Va por ti, Juani.

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¿Qué ocultaba el canciller?

El Arzobispado de Madrid, pegado a la catedral de La Almudena, es un lugar frío y oscuro, sin ningún lujo a la vista. No es recomendable ir allí sin un buen abrigo, porque las temperaturas son heladoras. Quizá la falta de calefacción se deba a los manidos recortes. Por sorprendente que pueda parecer, hace frío incluso en los despachos de los gerifaltes;  el del canciller del Arzobispado, Alberto Andrés, es gélido, igual que la apariencia de su inquilino.

El canciller no escondió su fastidio por tener que atender la incómoda visita de Juani Fernández, que iba recomendada por un funcionario de cierto rango, como no podía ser de otra manera en este país de enchufes y burocracias. No invitó a tomar asiento ni dedicó saludo alguno.  Yo acompañaba a Juani: no quería perderme su encuentro con el canciller, al que exigió una explicación acerca del bautizo falso de su hermano, en 1963. La historia no tiene desperdicio. Es uno de los casos conocidos popularmente como de `niños robados´, un drama tenebroso que sacudió secretamente a miles de familias en España durante la dictadura y las primeras décadas de la democracia; un escándalo que debería tener una respuesta judicial lo antes posible.

Sobre esta cuestión, también la Iglesia debería responder, o, al menos, colaborar, facilitar la investigación que los afectados están llevando a cabo por su propia iniciativa. No les queda otro remedio a las familias que convertirse en una especie de detectives caseros,  ya que muchas fiscalías y  juzgados están archivando los casos sin un mínimo de investigación previa. Las pesquisas de Juani Fernández, una mujer optimista y persistente, le han llevado a cotas impensables. Por ejemplo, tiene en su poder una partida de bautismo de su hermano Juan Elías, al que no conoció, porque oficialmente murió al nacer, en febrero de 1963, y que según la familia, no llegó a ser bautizado.

Esa partida la logró Juani por casualidad: se le ocurrió que quizá en los archivos de la Iglesia constara alguna pista del devenir de su hermano, cuyo cadáver jamás vieron sus padres. Fue enterrado por la caridad pública pese a que su familia disponía de panteón propio. “Nadie del hospital les preguntó si querían enterrarlo, tampoco existe un documento de renuncia”, dice Juani. Según la Iglesia, el pequeño  fue bautizado por el capellán de la maternidad de Santa Cristina (Madrid) cuando estaba en la incubadora, en presencia de su padre y de unos padrinos. Pero estos aseguran que jamás asistieron a dicho evento, ni siquiera pisaron el hospital cuando el pequeño Juan Elías nació. ¿Entonces?

El canciller no dio ninguna explicación. “Si hay partida de bautismo significa que existió bautizo”, se limitó a decir sin apenas mover los labios. “No, no hubo bautizo”, repetía Juani. Y entonces, como si se le encendiera una lucecita, el sacerdote dio un respingo y aventuró que tendría que existir una solicitud de los padres para que su hijo fuera bautizado y que dicho documento aclararía todo. Nos emplazó a otra cita en la que nos enseñaría la solicitud de bautizo.

Pero no lo hizo. El canciller, en la misma actitud hosca y fría del primer encuentro, se limitó a blandir un papel, que en ningún momento nos permitió  inspeccionar, ni siquiera tocar, alegando que la ley de protección de datos le prohibía dejarnos leer aquel misterioso documento. Él mismo lo leyó para nosotros en voz alta. En él supuestamente el padre de Juani solicitaba que su hijo fuera bautizado en la capilla de la maternidad de Santa Cristina; y firmaba la solicitud, igual que los dos padrinos: una hermana y un primo del padre.

Ojalá la historia acabara aquí. La familia de Juan Elías se hubiera evitado mucho sufrimiento si realmente el pequeño hubiera sido bautizado antes de morir y los padrinos hubiera apadrinado realmente al niño, y si no existiera la menor duda de que el bebé murió al día siguiente de nacer. Pero para ello tendrían que cuadrar demasiados datos, y, de momento, la cortina de las sospechas sigue desplegada.

En los siguientes días averiguamos que en 1963 no existían ni el trámite ni los impresos para solicitar bautizos. Es algo relativamente reciente. ¿Qué era lo que ocultaba el canciller? ¿Por qué no nos permitió ver aquel documento? ¿De dónde han salido las firmas de unos padrinos que niegan rotundamente serlo? ¿Por qué no consta en el margen de la partida de bautismo de Juan Elías su fallecimiento, como es preceptivo?

Demasiadas preguntas, que quizá tengan una respuesta lógica; pero hasta que no sean contestadas,  seguirán siendo la prueba de cargo de la familia del pequeño Juan Elías.

Personajes·Vidas robadas

El drama de los falsos hijos. El caso de Vicente Martínez, marzo de 1972

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Partida de nacimiento de Vicente Martínez, inscrito falsamente como hijo biológico de un matrimonio de Valencia. Si esto no es un delito…
De entre las historias más espeluznantes que me habéis contado destaco las de los falsos hijos biológicos. Cuando descubrís que no habéis salido de las entrañas de la que creíais  vuestra madre, el mundo se rompe, las preguntas os acosan detrás del álbum familiar y de cada recuerdo de vuestro hogar. No me refiero a las personas adoptadas que buscan sus orígenes, sino a las personas que durante buena parte de su vida creyeron que sus padres lo eran en el sentido biológico de la palabra. Uno de los delitos más deleznables que sigue sin tener castigo en este país. 
Quiero recordar en este blog sobre Niños Robados el caso de Vicente Martínez, el primer valenciano que denunció la falsedad documental en su partida de nacimiento con el objetivo de que la Justicia encontrara a sus padres verdaderos. Repasemos el camino que ha recorrido Vicente.
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Vicente Martínez en un retrato proporcionado por él mismo.

Se presenta de esta manera: “Soy hijo falso, inscrito como hijo biológico, no figuro como adoptado. La fecha que consta en mi partida de nacimiento falsificada es el 14 de marzo de 1972; y el lugar, la Clínica La Salud de Valencia”.

Arranca Vicente su historia en el punto en el que la relación con sus progenitores se torció. “Mi relación con mis padres siempre fue buena, hasta que cumplí los 28 años y conocí a mi novia, que hoy es mi esposa. A partir de ahí, surgieron los celos y las malas caras por parte de mis padresPoco a poco el distanciamiento fue a más. “Cuando nació mi primer hijo, en el 2008, mis padres estaban ya insoportables. De hecho, poco después mi mujer ya apenas tenía relación con mis padres. Yo no aguantaba más esa falta de respeto y esos comentarios fuera de tono”.
A principios de 2010, Vicente Martínez comenzó a sospechar que podía ser un hijo adoptado. 
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Vicente Martínez, de niño; de su álbum familiar
Recuerdo que mi mujer me decía que no era normal aquel distanciamiento, el poco diálogo, la frialdad;  no cuadraba nada, siendo además yo hijo  único. Mis padres no me llamaban, no prestaban atención a mi vida ni a su nieto”, continúa Vicente exponiendo los antecedentes de su caso. “Hacíamos comentarios sobre que podía ser adoptado, pero yo me reía. Aunque a punto estuve de coger unas muestras de pelo de mis padres y llevarlos a analizar para salir de dudas. Pero económicamente no me lo podía permitir, así que el tema se quedó ahí”.
Fue a raíz de un programa de TV cuando a Vicente Martínez la posibilidad de ser un niño robado le fue cuadrando. Finalizaba 2010.
“Empecé a investigar, pedí documentación sobre mi nacimiento a ayuntamientos, cementerios, iglesia, hospitales… Todo lo que iba consiguiendo eran documentos legales, en los que constaba que yo era hijo biológico de mis padres”.
Vicente reunía todos los indicios para ser en realidad un falso hijo biológico:
“Hijo único, no me parezco fisicamente a mis padres, nos llevamos más de 40 años de diferencia, no había fotos de mi madre embarazada…”. 
No aguantaba más esa duda y se lo pregunté directamente a mis padres. Al principio me dijeron que no, me lo negaron, pero a los pocos días me llamaron, querían hablar conmigo. Acabaron confesándomelo todo”.
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Vicente Martínez, de niño, de su álbum familiar

“Fui comprado, no sé si robado, pero había un cura amigo de la familia y una monja de por medio. También un médico”, cuenta este valenciano.

Para él, podéis imaginároslo, fue un mazazo, y las preguntas que muchos conocéis de sobra –¿de dónde vengo, tendré hermanos, dónde y cuándo nací realmente?– se agolparon en su mente. Pero no lograron bloquearle. Vicente contacto con Antonio Barroso, de la asociación Anadir.  “Días después 10 días ya estaba saliendo en los medios de comunicación. La noticia corrió como la pólvora. Mis padres se enfadaron mucho porque yo buscaba mis raíces. La relación con ellos se rompió”. 
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Vicente Martínez, en un retrato proporcionado por él mismo
Antes de romper definitivamente con sus padres, estos le contaron que pagaron por él entre 100.000 y 150.000 pesetas, en el año 1972; también que acudieron de noche, “llamados por el médico, y me recogieron desnudo, envuelto en sábanas. Pero no me quisieron desvelar si fue en el hospital o en una casa“.
Un año después, la madre falsa de Vicente falleció. Una oportunidad para conocer su origen se cerraba para siempre. “Me enteré tres días después de su muerte, y al ir a mi casa, descubrí que habían cambiado la cerradura. Días después, comprobé que me anularon de las cuentas del banco y me desheredaron”, clama este hombre.
Vicente Martínez denunció su caso. “Por orden de un juez, mi abogado solicitó  el libro de registros de las madres que dieron a luz en mi fecha y el hospital, Casa Cuna de la Salud, contestó que no guardan documentación de antes del año 1978″.
Afortunadamente Vicente pudo reconciliarse con su falso padre, que falleció hace dos años y quien no pudo –o no quiso- aportar más información sobre el origen del niño que crió junto a su esposa. “La denuncia se archivó –concluye Vicente–, ya que los presuntos implicados han fallecido y el hospital no tiene documentación“.
Punto y final. Delito impune. ¿A esto llama nuestro sistema judicial una investigación?
Ana María Pascual
Noviembre 1017