Vidas robadas

2012, cuando nos dimos cuenta de que la Justicia no iba a colaborar

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¿Cuántas pruebas necesita la justicia?

Noto desilusión y hasta crispación en el colectivo de víctimas por el robo de bebés. Los pocos casos judicializados no prosperan, como el de Felisa Tomico, cuya denuncia ha sido archivada por segunda vez por no encontrar el juez alguna persona a la que imputar la presunta desaparición de su recién nacido, en 1978. Cómo la va a encontrar si no ha interrogado a nadie: ni al médico que atendió el parto, ni a la matrona, ni a las enfermeras, ni a la monja que regía la maternidad… La justicia no sabe por dónde tirar o no quiere tirar de la manta en el escándalo de los niños robados.

Alberto Ruiz Gallardón,  ministro de Justicia,  se ha comprometido con las asociaciones de niños robados a potenciar  la colaboración con los afectados. El ministro anunció hace poco la creación de un servicio de orientación para las víctimas y una primera validación gratuita de las muestras genéticas por parte del Instituto Nacional de Toxicología. Poca cosa, desde luego. Pero, si además tenemos en cuenta ejemplos tan rotundos como el de Eduardo Raya en cuanto a la eficacia de Toxicología en muchos casos de niños robados el anuncio de Gallardón provoca cuanto menos un escalofrío. Eduardo Raya, uno de los afectados más representativos del colectivo, dice esto respecto al ofrecimiento de Gallardón: “Que el gobierno controle las pruebas de ADN de las víctimas del robo de niños es como estar en la boca del lobo. Ojo, yo prefiero la independencia”.

Eduardo Raya fue el primero en denunciar en España la desaparición de su bebé nada más nacer, en el Hospital Clínico de Granada, en 1990. Lo hizo en 2010 y ya  lleva dos archivos.  Es quizá el afectado que más pruebas ha podido obtener de esa desaparición.  Además, el caso de Raya ejemplariza, por desgracia, hasta qué punto la justicia española está desprotegiendo a las víctimas del robo de recién nacidos y hasta omitiendo su principal función: la  investigación de los delitos.

Eduardo Raya es un abogado granadino con una paciencia a prueba de bomba. Si no fuera así  o se habría vuelto loco hace tiempo o habría hecho una locura, sin duda. Le ayuda en su calvario una estupenda mujer: su esposa, Gloria.

Eduardo y Gloria son padres de una niña robada. De ello no hay ninguna duda; que su bebé desapareció nada más nacer es una verdad irrefutable para cualquiera que se moleste en estudiar las pruebas con las que cuentan estos padres. Pero sorprendentemente la jueza que les tocó en suerte ha archivado la causa por la desaparición de la hija de este matrimonio granadino sin entrar en el fondo de la cuestión y sin explicar cómo es posible que Eduardo Raya aportara dos informes periciales que aseguran que no pertenecen a su hija los restos del cuerpo enterrado en 1990 y ella se haya conformado con la versión del Instituto Nacional de Toxicología que afirmó que los restos estaban en tan mal estado que era imposible encontrar en ellos ADN.

Desde que la causa fue archivada, el verano pasado, Eduardo y Gloria han atesorado más pruebas de que la niña a la que dieron por suya en el hospital y que falleció a los pocos días de nacer no es su hija. “¿Quién era esa niña?”. Esa pregunta angustiosa, sin respuesta aún, desvela a Eduardo y a Gloria de la misma manera que esta otra: “¿Dónde está nuestra hija?”

En el caso de Eduardo Raya existen dos tipos de restos que han sido analizados: los restos exhumados a los que la familia Raya dio sepultura en 1990 y unos restos que aportó el Hospital Clínico de Granada cuando la denuncia de la familia se investigaba en el juzgado, en 2010. Los responsables del centro afirmaron que se trataba de restos del hígado de la hija de los Raya, conservados desde 1990. Curioso.

Sobre los restos óseos, ya he hablado de dos informes de ADN que la familia aportó y que negaban que perteneciera a una hija suya. Los laboratorios que analizaron los restos fueron Tecnogen y Genómica. El Instituto Nacional de Toxicología también los analizó, pero afirmó que los restos se encontraban en tan mal estado que   “dichos restos no son adecuados para realizar un análisis de compatibilidad con sus posibles padres biológicos”.

Posteriormente, el laboratorio LabGenetics analizó los cabellos encontrados en la tumba de la supuesta hija de los Raya y aseguró que “los cabellos analizados no pertenecen a ningún hijo/a biológico/a de Gloria Rodríguez ni a ningún otro pariente por vía materna, con un 100 por cien de probabilidad”. Este laboratorio no analizó la totalidad de los restos exhumados, sino la misma porción que estudió Toxicología y en este caso se afirmó que no era posible encontrar ADN nuclear ni mitocondrial. También resulta curioso.

El Laboratorio NBT  analizó  también los restos exhumados con idéntico resultado que los otros tres laboratorios anteriores.

Respecto a las muestras de hígado aportadas por el hospital como pertenecientes a la hija de los Raya, fallecida en 1990, el doctor Bruguera, un prestigioso especialista en anatomía patológica del Hospital Clínico de Barcelona, un centro público, los analizó y dijo lo siguiente: “No es posible determinar la edad del paciente en base al tejido. Únicamente puede afirmarse que ni se trata de un hígado fetal o de recién nacido de muy pocos días”. Llegados a este punto de la historia, reconozco que con todas estas pruebas en las manos siento verdadero terror.

Ante esta prueba categórica, la juez ordenó al Instituto de Toxicología de Sevilla que analizara los restos del hígado y he aquí su resultado: “Hígado compatible con el hígado de un niño con un síndrome de hepatitis neonatal”.  ¿Un niño es lo mismo que un neonato? ¿Por qué no contestó Toxicología a la pregunta que le había hecho la juez sobre  si ese hígado correspondía a un recién nacido? Sea como fuera, ese informe dio lugar al sobreseimiento libre de las actuaciones. ¿Por qué se le restó credibilidad al informe de un patólogo de un hospital público? ¿Por qué ha de servir únicamente lo que determina el Instituto Nacional de Toxicología? No quiero acordarme del desgraciado resultado de los análisis acometidos por este organismo en el caso de Ruth y José Bretón…

Eduardo Raya no se rindió. Los laboratorios Labgenetics analizaron esas muestras de hígado: “El perfil genético obtenido del bloque de parafina no es compatible con los perfiles genéticos de Eduardo Raya y Gloria Rodríguez, por lo que la donante del tejido en parafina no se corresponde con una hija biológica”.

Seis informes definitivos, pero la justicia sigue sorda y ciega en el caso de la familia Raya, que ha recurrido el auto de sobreseimiento. También ha llevado su caso ante el Parlamento Europeo. “Nos gustaría que el Parlamento Europeo se pronunciara sobre la manera que tiene el sistema judicial español de investigar estos dramáticos hechos ocurridos en España e impartir justicia”, dice Eduardo. Mucho me temo que si finalmente hay reprimenda de Europa,  nuestros políticos y nuestros jueces volverán a hacer oídos sordos.

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